Los agricultores arrancan 2023 con una novedad: se registrarán todos sus contratos para evitar las pérdidas

En los últimos días, el Gobierno ha anunciado algunas novedades para el sector del campo español. Por un lado, se ha aprobado un real decreto que obliga a que los contratos con sus clientes se registren digitalmente para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Por otro lado, y con el objetivo de que se pueda hacer frente al incremento de los precios energéticos, se han aprobado nuevas ayudas directas para cubrir el coste de los fertilizantes y los carburantes.

Puesta en marcha del registro de contratos alimentarios

A propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que desarrolla el registro digital de contratos alimentarios. Así, y con carácter obligatorio, se deberán inscribir los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.

Según explicaron desde el Gobierno, el Registro de Contratos Alimentarios “incrementa” la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, “ya que facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas”. El objetivo principal de esta medida es conseguir una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor.

Según refleja el Real Decreto 1028/2022, los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios son los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones. Asimismo, especifica que el procedimiento de inscripción será “intuitivo y sencillo”, y que deberá realizarse siempre antes de la entrega de los productos.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valoró de forma positiva esta medida, ya que “permitirá a la Administración mejorar la vigilancia de las transacciones comerciales y la protección de los productores”. 

Según la Asociación, esta medida, que responde a una reivindicación del sector agrario, “supone un paso adelante en la dirección que debe seguir el Gobierno para hacer cumplir de una vez por todas la Ley de la Cadena Alimentaria y, por tanto, prohibir la venta a pérdidas”.

Será obligatorio a partir del 30 de junio y voluntario desde enero

Con la finalidad de garantizar la operatividad de la aplicación electrónica del registro y asegurar que los operadores tengan margen para disponer de los recursos necesarios, la norma aclara que se podrá realizar la inscripción de los contratos alimentarios desde el próximo 31 de enero de 2023, si bien no tendrá carácter obligatorio hasta el 30 de junio de 2023. 

El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Los compradores ya pueden darse de alta en el registro a través de la página web de AICA, como paso previo a la inscripción de los contratos.

Tal y como destacó el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, “la Administración ha de disponer de las garantías legales necesarias a fin de comprobar con total claridad, exactitud y agilidad las transacciones en el primer eslabón de la cadena, que es donde se producen la mayor parte de los abusos comerciales debido a la debilidad del productor”.

“El Gobierno es plenamente consciente de la problemática que vienen arrastrando los agricultores y ganaderos al carecer de la capacidad real de repercutir la subida de los costes de producción en los precios que perciben”, explicó Aguado, quien añadió que la Administración tiene “motivos más que suficientes” para actuar.

“Si la población agraria bate récords de envejecimiento, si no hay incorporación de jóvenes y si crece la mancha marrón de los campos abandonados es principalmente por la falta de un precio justo. Confiemos en que el Gobierno seguirá adoptando más medidas dirigidas a reequilibrar la cadena alimentaria y garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones agropecuarias”, destacó. 

Nuevas ayudas directas para compensar el precio de carburantes y fertilizantes

La otra importante novedad para los agricultores viene de la mano del real decreto-ley de medidas para atajar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, anunciado el pasado martes por el Gobierno. 

En concreto, se destinarán ayudas directas por valor de 660 millones de euros para que agricultores, ganaderos y pescadores puedan hacer frente al incremento de los precios energéticos, que han ocasionado mayores costes de producción debido al encarecimiento de los fertilizantes y del gasóleo agrícola y pesquero.

En el caso de los fertilizantes, y según anunciaron desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se beneficiarán de la ayuda directa unos 300.000 agricultores, con un presupuesto de 300 millones de euros. Esta subvención se concederá por hectárea, hasta un máximo de 300, y será de 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros para el regadío.

“Los fertilizantes suponen un 8% de los consumos intermedios del sector agrario y su precio medio aumentó el 80% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Por ello, el Gobierno considera necesario habilitar ayudas para hacer frente a este incremento de costes y que inciden en la rentabilidad de las empresas agrarias”, destacaron desde el Ministerio.

En lo que respecta a los carburantes, agricultores, ganaderos y pescadores seguirán contando con la ayuda de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo. La ayuda se concederá a aquellos agricultores que ejerzan el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo agrario, según anunciaron desde el Gobierno.

“Unos 120.000 agricultores y ganaderos solicitan anualmente esta devolución, si bien se espera que el número que finalmente se beneficie de esta ayuda, calculada en 240 millones de euros, sea mayor”, destacaron desde el Ministerio. La subvención será de 20 céntimos por litro de gasóleo consumido y se tomará como referencia el consumo destinado en exclusiva al uso agrario realizado en 2022, por ser el último ejercicio con datos cerrados. La devolución se podrá solicitar a partir del 1 de abril de 2023.

El importe de la subvención se abonará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el mismo procedimiento mediante el que se realiza la devolución parcial de las cuotas del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería, conforme a lo establecido en la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril a partir del 1 de abril de 2023.

Seis meses más de la exención de tasas pesqueras

En el caso del sector pesquero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un presupuesto de 120 millones de euros, concederá una ayuda directa en función de la estimación del consumo de gasóleo de la embarcación para cubrir los costes adicionales derivados del incremento de los costes del combustible de cada empresa o negocio pesquero.

Según los datos de consumo de gasóleo de la flota pesquera extraídos de la última Encuesta Económica de Pesca Marítima, el Ministerio ha estimado que se verán favorecidos por esta medida un total de 8.900 buques pesqueros.

Asimismo, el sector también se beneficiará durante otros seis meses más de la exención de las tasas pesqueras, lo que supondrá un ahorro de unos 500.000 euros al sector, según el Gobierno.