Paralizar el plan de movilidad podría suponer la devolución de 30 millones de euros
El Gobierno advierte que los recursos judiciales contra las obras podría generar un daño patrimonial que deberán asumir aquellas personas que han acudido a los tribunales
El debate de la movilidad en el municipio de Murcia volvió este jueves a acaparar buena parte del Pleno del Ayuntamiento de Murcia. Tanto Vox como PP volvieron a pedir la suspensión de las obras para que se abra un verdadero proceso de participación vecinal en el que los interesados puedan presentar alegaciones y el equipo de Gobierno, a través de la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, volvió a responder que eso es imposible en la fase de ejecución. La concejala socialista destacó en varias ocasiones que lo que hoy se está ejecutando es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Murcia (PMUS) del año 2013 impulsado por el Partido Popular. «Qué participación hicieron entonces ustedes?», preguntó Fructuoso dirigiéndose a la bancada popular.
Esta vez el debate incluyó un factor que preocupa al Gobierno del alcalde José Antonio Serrano: el recurso en el contencioso-administrativo de la plataforma Cierran mi Barrio para pedir la paralización cautelar de las obras.
El concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, Juan Fernando Hernández Piernas, aseguró durante una de sus intervenciones, dirigiéndose a los grupos de Vox y PP, que «animar a ciudadanos a que presenten demandas para pedir la suspensión de los trabajos» es algo que considera contraproducente. «Si finalmente se presenta una demanda en un juzgado, se suspenden las obras de movilidad, y se tienen que devolver 20 o 30 millones de euros a las arcas nacionales y a Europa, y al final no tienen razón, aquellos que no han firmado contra el plan de movilidad pueden sentirse agraviados por ese daño patrimonial y reaccionar contra eso», señaló el concejal de Ciudadanos.
El portavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, respondió que cualquier persona tiene derecho a acudir a la Justicia y si esta dictamina que hay paralizar las obras «para eso está la Justicia y habrá que paralizar los proyectos; nosotros no tenemos ningún problema en devolver el dinero a Europa, es más, lo que no vamos a hacer llevar a cabo un proyecto en contra de los vecinos, de los comerciantes y de la hostelería, que ya lo están pasando bastante mal».
A este respecto, el portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, aseguró que una devolución de fondos en el momento económico en el que se encuentra el Ayuntamiento podría resultar desastroso para lo intereses de los murcianos. Recordó el portavoz de Podemos que los malogrados convenios de la zona norte son una herencia del PP y que podrían suponer el pago de 140 millones de euros y que eso, «para un ayuntamiento que invierte entre 20 y 25 millones de euros al año supone comprometer los fondos de los próximos seis o siete años».
Sobre la posibilidad de solicitar a Europa una prórroga, la edil de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, se limitó a decir que eso no es «algo que depende de nosotros, y que si se amplían los plazos dispondremos de mayor margen temporal para actuar».
